Delitos de odio

¿Qué son los delitos de odio?

La terminología “delitos de odio” se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, como es el odio y la discriminación.

Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado fundamentalmente en la discapacidad, la raza, el origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cualquier otra circunstancia o condición social o personal. Esta es la clave para que un hecho o conducta constituya un delito de odio: los motivos por los que se realizan las acciones. La concurrencia de éstos, y no otros motivos, permiten calificar unos hechos como constitutivos de un delito de odio.

Los delitos de odio, cada vez más frecuentes

El odio al otro por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, etc…, que he reseñado, tiene su base en la discriminación a ciertas personas por el solo hecho de ser diferentes. La base de esta discriminación, por desgracia, suele encontrarse, casi siempre, en los estereotipos, que no son otra cosa que creencias, pareceres, ideas y sentimientos negativos hacia esas personas. Cuando esa valoración negativa se suscita sobre un grupo en base a dicho estereotipo, el resultado es el prejuicio. Cuando ese prejuicio lleva a una persona a obrar de un determinado modo respecto al grupo o individuo prejuzgado, el resultado es la intolerancia.  Este comportamiento invita a negar la dignidad y los derechos del prójimo, consagrando como valor superior, no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino a la identidad propia, enfrentada a la de los demás.

Es un hecho constatable que los llamados “delitos de odio” son cada vez más frecuentes en nuestro mundo globalizado, donde las tecnologías facilitan su comisión a través de las redes sociales como plataforma de difusión de mensajes de amenazas, insultos, mofas, calumnias, injurias… bajo el anonimato que permiten a los usuarios. Todo tiene cabida, pues todo vale, sobre todo al amparo del anonimato. Junto a ellas, los teléfonos móviles (con plataformas de mensajería como Whatsapp o Telegram, entre otras) e internet son los medios más habituales para difundir los mensajes de odio, hasta el punto de que, hoy día, más del 40% de las amenazas e injurias se producen mediante internet y más del 20% a través del teléfono móvil.

Los delitos de odio en el Código Penal español

En nuestro ordenamiento jurídico los delitos de odio fueron incluidos como delito por la reforma operada en el Código Penal por la Ley 1/2015, siendo tipificados en el artículo 510, castigándose con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 6 a 12 meses. Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

Dicho precepto introduce en nuestro Derecho una nueva definición del delito de incitación al odio y a la violencia, castigando a quienes:

“Fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Perspectiva constitucional ante el derecho a la libertad de expresión

Todo ello sin olvidar la perspectiva constitucional de los derechos en conflicto, a saber, el derecho a la libertad de expresión, tan en boga actualmente, y el derecho a la dignidad, al honor y a la igualdad. Ya el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 214/1994 señala que:

“Ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social. De todo ello cabe concluir que, aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la libertad de expresión

En este debate entre la restricción de la libertad de expresión y los límites de la misma, creo acertado traer a colación una muy reciente sentencia de el Tribunal Europeo de Derecho Humanos que condena a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los Reyes en 2007.

Los hechos vienen referidos a Enric Stern y Jaume Roura, dos independentistas catalanes que en 2007 quemaron una fotografía de gran tamaño de los Reyes durante una protesta en Girona en vísperas de la visita del Rey D. Juan Carlos a la ciudad. La Audiencia Nacional les condenó por un delito de injurias y el Tribunal Constitucional, en una decisión dividida, confirmó la sentencia, citando expresamente al Tribunal de Estrasburgo afirmando que, dicho tribunal cree necesario “sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”.

Pues bien, Estrasburgo considera de manera unánime que se ha producido una vulneración de la libertad de expresión condenando a España a indemnizar a los anteriormente condenados. Consideran que se trató de una crítica meramente política que corresponde a la expresión de rechazo de la monarquía como institución. Y en relación al concepto que nos ocupa, los delitos de odio, culmina la sentencia afirmando que los elementos empleados en la protesta – el fuego o la colocación de la fotografía quemada bocabajo – no constituyen “acto de odio o de incitación a la violencia”. Aquí queda la perla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en pos de la libertad de expresión y, por qué no decirlo, del todo vale, en este mundo carente de unos meros principios morales que permitan una convivencia pacífica entre las personas y los distintos colectivos.

Conclusión

A juicio de quien suscribe el presente artículo, una sociedad democrática que quiera avanzar en el respeto a los derechos humanos, exige el reconocimiento de la existencia de estas conductas denominadas “delitos de odio”, y de una lucha contra las mismas desde todos los frentes posibles, en particular el preventivo, que debe de comenzar por la erradicación de toda clase de intolerancia y, por qué no ponerlo de manifiesto, del establecimiento de ciertos límites a la libertad de expresión.

Fuente: ceconsulting.es